La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (PES) presentó una iniciativa que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política, a fin de eliminar el fuero constitucional y no sea un obstáculo jurídico para que la autoridad proceda en contra de servidores públicos que presuntamente actúen al margen de la ley y cometan un delito.
La reforma establece que sólo podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputados locales, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando previo proceso penal sea dictada sentencia condenatoria en su contra.
La iniciativa, suscrita por integrantes de Encuentro Social y turnada a Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad mientras no exista en primera instancia, una sentencia condenatoria. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, estando debidamente integrada la averiguación previa, el procurador General de la República solicitará a la Cámara de Senadores lo separe del cargo y se proceda penalmente.
Asimismo, se señala que para poder proceder penalmente por los delitos federales contra gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores de los estados, el Procurador General de la República solicitará a las legislaturas locales proceda como corresponda, a efecto de que se pueda ejercer la acción penal.