La diputada Norma Otilia Hernández Martínez propuso adiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para establecer que los ayuntamientos incorporen en sus funciones administrativas acciones para mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa que fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, es en el sentido de establecer en el organigrama que las y los regidores implementen acciones encaminadas a privilegiar y hacer respetar los derechos de este sector, ya que en Guerrero el 33 por ciento de la población está conformado por el sector infantil, y la mayoría de ellos viven en condiciones de pobreza.
Por lo anterior, la diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena dijo que las autoridades municipales están en la obligación de coadyuvar para que se cumpla con lo estipulado en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, que establece el derecho de los niños y niñas a ser escuchados en todos los temas que les afectan, a no ser discriminados por su edad y que los Estados asuman la responsabilidad de su protección.
Para ello, en la propuesta de adiciones, Hernández Martínez, propone agregar que dentro de la facultad y obligaciones de los ayuntamientos, los regidores sean partícipes en acciones como: garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes en el municipio; implementar los programas, acciones y estrategias en materia de protección; incluir en el Presupuesto de Egresos anual las partidas para la difusión, promoción, ejecución, supervisión y evaluación del programa y acciones a favor de niñas, niños y adolescentes en el municipio; elaborar convenios de coordinación con los gobiernos federal, estatal, ayuntamientos y organismos sociales o privados, para el cumplimiento de esta Ley.
Por último, Hernández Martínez dijo que es importante resaltar que la protección de este grupo vulnerable ayuda en gran medida a mantener la familia estable, con la perspectiva de mejorar su entorno, por ello es fundamental el apoyo de los ayuntamientos, tomando en consideración la capacidad de los municipios para hacer frente a las problemáticas que les perjudican a las niñas, niños y adolescentes.
