Durante la sesión de hoy, diputados de Morena, PT y PES abordaron la problemática de la Caravana Migrante en Tijuana, Baja California, y criticaron el uso de la fuerza por parte de autoridades norteamericanas hacia territorio nacional.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), pidió que la Cámara de Diputados manifieste su inconformidad “ante este hecho deleznable” y quede asentado “que los legisladores rechazamos enérgicamente el uso de la fuerza para resolver la crisis migratoria que estamos experimentando”.
También propuso exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, además de la nota diplomática que envió, en la que solicita la investigación de los hechos, haga un llamado al respeto irrestricto de la soberanía nacional y de los derechos humanos de los migrantes.
No será, reiteró, con el uso de la fuerza y la violencia, sino a través del diálogo y la comunicación, como se resolverá “la problemática que genera este fenómeno inédito”.
Denunció los acontecimientos en la ciudad de Tijuana, el domingo 25 de noviembre, en los que la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma contra personas que intentaban cruzar la frontera entre ambas naciones.
“Con estas acciones infaustas se menoscaban los derechos humanos de migrantes, entre quienes había niñas y niños; además de que violentaron flagrantemente la soberanía nacional al realizar estas maniobras dispersivas en nuestro territorio”.
En su turno, el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (PES) indicó que Tijuana está colapsada, y “no hay la mínima intención del gobierno de atender el tema. Hay casos de abusos sexuales a menores en albergues, “y el gobierno federal no actúa”. Consideró que hay responsabilidad de la actual administración y las autoridades migratorias, por lo que “exigimos que asuma su responsabilidad”.
Del mismo partido, el diputado Héctor René Cruz Aparicio dijo que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, debe elaborar un padrón de migrantes asentados en Tijuana, a fin de buscar alternativas de solución y que los tres órdenes de gobierno garanticen la soberanía de la ciudad con soluciones que no afecten más a sus residentes.
El diputado Mario Ismael Moreno Gil (Morena) indicó que en sólo seis horas Tijuana perdió 74 millones de pesos, y San Diego, seis millones de dólares. Pidió que la autoridad federal voltee a Baja California, donde la población está en efervescencia porque se polariza la situación política y social de la ciudad. “Hay mil niños en peligro, la población sufre y los migrantes también”, por lo que se requiere apoyo financiero federal.
Del mismo partido, el diputado Juan Carlos Loera De La Rosa lamentó que hechos delictivos, crímenes y violaciones se vinculen a este fenómeno. Afirmó que “debe solucionarse con un punto de vista de derechos humanos, no con dichos que abonen al encono social”.
El diputado Armando Reyes Ledesma (PT) sostuvo que éste es un problema real, ya que por esa garita pasan diariamente 250 mil personas para ir a trabajar o estudiar en Estados Unidos, y el cierre del puente genera incertidumbre económica. “Se debe ‘agarrar al toro por los cuernos’, para buscar, en coordinación con el gobernador de Baja California y el alcalde una solución al problema”.
La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) afirmó que esta Cámara “no está pintada, hay un equilibrio de poderes y se han hecho diversos exhortos para que se actúe en relación con este fenómeno. No hemos visto el actuar de las autoridades federales, estatales, ni municipales”. Dijo que son bienvenidos quienes buscan trabajar y mejorar su calidad de vida, “pero exigimos que autoridades se apeguen al Estado de derecho y se respete el marco jurídico. Nadie puede estar por encima de la ley”.
Enseguida, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) aclaró que en Tijuana “siempre hemos sido solidarios con los migrantes, pero nadie puede estar por encima de la ley”. Señaló que los hechos del domingo pasado tienen consecuencias económicas, sociales, de derechos humanos, seguridad y de derecho internacional.
En otro tema, el diputado Cipriano Charrez Pedraza (Morena) solicitó al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, responder a la petición de los administradores de balnearios de ese estado, que en su mayoría son atendidos por comunidades originarias, para evitar que empresas transnacionales afecten sus intereses y los empleos que han creado para impulsar esos centros turísticos.
Asimismo, la diputada Abelina López Rodríguez (Morena) dijo que en este sexenio se abandonó la justicia, la paz y el desarrollo. El gobierno saliente deja un país “donde reina la inseguridad y la pobreza, con 117 mil 114 homicidios dolosos, y 117 mil 228 delitos”, subrayó.
El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, mencionó que el próximo jueves “a horas de entregar el poder” el Presidente impondrá la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, máxima distinción que otorga el gobierno mexicano, a Jared Kushner, yerno del Presidente Donald Trump. “No le veo el mérito, han sido racistas, infames, atrabiliarios contra la patria y nuestro pueblo y ese reconocimiento, me parece lamentable”.
Enseguida, la diputada María Roselia Jiménez Pérez (PT) se manifestó contra “la brutal represión” de la que fueron objeto en el último Informe de Gobierno, integrantes de pueblos desplazados, incluyendo niñas y niños, integrantes del magisterio, así como trabajadores del sector salud quienes enfrentan el desabasto de material y medicamentos para realizar su trabajo en el estado de Chiapas. Solicitó al gobernador, Manuel Velasco Coello, que responda a sus demandas.
Posteriormente, se levantó la Sesión y se citó para la que tendrá lugar el miércoles 28 de noviembre, a las 11:00 horas.
