Con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero aprobada por la LXII Legislatura, se pone fin a las compensaciones, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos y comisiones que permiten a muchos funcionarios públicos tener un ingreso por encima de muchos guerrerenses.
De acuerdo al dictamen que presentó la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, derivado de una iniciativa que propuso el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, con este nuevo ordenamiento se regulan las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes del Estado, los municipios y de los entes públicos, incluidos aquéllos que cuentan con autonomía estatal.
Se menciona que dicho ordenamiento es procedente porque existe un hartazgo y desafección de los guerrerenses con la clase política y sus funcionarios porque se ha caído en un ciclo vicioso donde cada administración pública de manera desmedida e injustificada dispone de grandes cantidades de dinero en concepto de retribuciones.
En ese nuevo ordenamiento, se establecen criterios de asignación, control y supervisión con la posibilidad de denuncia por la ciudadanía para evitar retribuciones estratosféricas, sin menoscabar el derecho a recibir un salario
digno y respetando siempre las prestaciones de los trabajadores con menor capacidad económica.
Además, con la nueva Ley de Remuneraciones se acaba con los procedimientos arbitrarios en la designación de las remuneraciones de los servidores públicos, que en muchos casos conlleva a la conformación de privilegios que se traducen en el derroche de recursos públicos en ese rubro, mientras se dejan de cubrir otras necesidades importantes para los guerrerenses.