Chilpancingo, Gro., 30 de noviembre de 2018.- El Foro “Publicidad Oficial y Medios de Comunicación. Por una Ley de Comunicación Social”, organizado por el Congreso del Estado, sirvió para escuchar las propuestas e inquietudes de los trabajadores de los medios de comunicación, mismas que se tomarán en cuenta para integrar una legislación completa que regule el dinero que se etiqueta para la comunicación social, pero siempre respetando la libertad de prensa, señaló la diputada Mariana García Guillén.
Al final de dicho foro organizado en esta ciudad capital, y en el que participaron con sus ponencias más de 20 comunicadores y representantes de organizaciones periodísticas provenientes de diversas regiones de la
entidad, la legisladora desmintió que esta iniciativa pretenda ser una ley mordaza para coartar la libertad de expresión o de prensa, sino que el propósito es transparentar los recursos que destinan los poderes públicos
en la publicidad oficial.
Destacó que es necesario a probar dicho ordenamiento porque se está violentando la Ley, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que se debe homologar con la legislación federal de acuerdo a las
circunstancias que residen en la entidad.
Aclaró que esta es sólo una propuesta que no se ha presentado ante el Pleno porque primero se quería conocer las opiniones de los medios de comunicación, de modo que se pueda integrar una iniciativa consensada con periodistas, para salvaguardar en todo momento sus derechos.
Además, la diputada hizo un reconocimiento a los trabajadores de los medios de comunicación por acudir al llamado del Congreso y enriquecer la propuesta con sus planteamientos.
En dicho foro participó Ernesto Villanueva, columnista de la revista Proceso y especialista en publicidad oficial, quien manifestó que en una Ley de Comunicación Social debe prevalecer la equidad y la transparencia.
Destacó que los medios de comunicación de los estados contribuyen cada uno con una postura distinta y objetiva para que la sociedad tenga la facilidad de formarse una opinión de un hecho público.
Sobre las prestaciones de los periodistas, dijo que podría abrirse una posibilidad, como se hace en Costa Rica, donde un porcentaje de los recursos de la publicidad asignada a los medios de comunicación se convierte en un impuesto destinado al Colegio de Periodistas, que le permite tener una serie de ventajas económicas para los comunicadores,
tanto activos como retirados.
También destacó que una Ley de Comunicación Social no debe ser un instrumento de control de la prensa sino como un instrumento para comunicar, porque “si la prensa no es libre, deja de tener sentido la razón de ser de la libertad de expresión y se lastima el derecho a saber de la comunidad”.
Entre las propuestas que se hicieron está la integración de una Ley de Comunicación Social acorde a las condiciones que se viven en Guerrero, además de establecer convenios de publicidad transparentes; que se privilegie la libertad de expresión y que no se atente contra las pequeñas y medianas empresas periodísticas, ya que también emplean a personal y pagan impuestos como lo hacen las grandes empresas. Dijeron también que la Ley debe garantizar la transparencia y objetividad en la información y que no haya control ni manipulación de los medios de comunicación por parte del gobierno estatal, y pidieron que no sea una ley propiciadora del desempleo.
También plantearon que se forme un comité integrado por comunicadores y legisladores para hacer un ordenamiento completo.
Al clausurar el foro, el diputado Antonio Helguera Jiménez coincidió con su homóloga en que este ordenamiento servirá para transparentar y hacer públicos los recursos que se destinan para las áreas de comunicación
social.
