El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, diputado Sergio Mayer Bretón (Morena) afirmó que dentro del parlamento abierto son escuchadas todas las voces y se trabajará para “dejar de hacer iniciativas de ocurrencia; estarán basadas en las necesidades que planteen los especialistas para proteger y preservar el patrimonio cultural e histórico, material e inmaterial”.
Durante la mesa de trabajo “Patrimonio Cultural”, expresó su convicción de que “nuestras leyes son anacrónicas y viejas”. Por ello el Poder Legislativo hará las aportaciones que correspondan para actualizar el marco jurídico y reglamentar las leyes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Resaltó la necesidad de darle “dientes” al INBAL, a fin de que tenga facultades y actúe directamente en la protección de inmuebles históricos en riesgo, y no constriña su actividad solo en presentar una denuncia.
Mayer Bretón destacó la importancia de crear un atlas cultural e histórico en cada entidad, así como utilizar el avance tecnológico en favor de la creación artística, a través de una aplicación móvil (Apps) para registrar en cada municipio y estado la memoria histórica, urbana y cultural.
Se comprometió a concretar las inquietudes y preocupaciones de los funcionarios del sector, antropólogos, historiadores, escritores, artistas y pueblos indígenas, en iniciativas que consoliden la protección, preservación y difusión del acervo cultural.
Pidió a los expertos presentar sus propuestas para que no queden solamente en una mesa de trabajo, sino en reformas jurídicas reales. Indicó que trabajará de la mano con la Secretaría de Cultura, el INBAL y el INAH para lograr objetivos.
Apuntó que este encuentro con expertos se basa en el principio de parlamento y comisión abiertos, donde se escucha a todos los actores políticos y sociales vinculados a estos temas.
Respecto de los derechos de autor, indicó que se trabajará la firma del Tratado de Beijing para proteger de manera integral el patrimonio cultural, especialmente de las comunidades indígenas que tienen una gran cantidad de material maravilloso y extraordinario que no está protegido, como el arte culinario, tradiciones y bailes.
La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, aseguró que el patrimonio cultural tangible e intangible se pierde continuamente en las comunidades originarias, porque se “ha desatendido el tema legal. Las empresas transnacionales roban los bordados de nuestros trajes y las farmacéuticas hurtan plantas y las patentan como suyas para hacer medicinas”.
Otros estados apoyados por sectores económicos fuertes pretendían robarse el centro de origen del mezcal y maíz, prácticas que no se limitan a lo cultural, sino al patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, denunció.
Pidió que en la revisión del marco legal sobre el patrimonio cultural se enfatice la urgencia de proteger los conocimientos milenarios y el amor a la “Madre Tierra”, que han permitido conservar la riqueza natural, selvas y bosques que oxigenan y dan alimentos, donde viven 68 pueblos indígenas.
“Es muy triste ver cómo a las comunidades originarias se les ha robado. Si es difícil sobrellevar la vida por la desigualdad social que prevalece, defender la riqueza natural y cultural exige un mayor esfuerzo”.
Por eso, aseguró que estarán muy atentos en cuidar que las reformas jurídicas ayuden realmente a los pueblos autóctonos, porque algunos conceptos, en lugar de ayudar, son impedimentos para que se desarrollen y se imparta la justicia. Solicitó revisar y definir términos como cultura, bienes culturales intangibles, bailes, comida, tradiciones y todas las creaciones artísticas milenarias.
La legisladora por Oaxaca sostuvo que las comunidades originarias han sido discriminadas, por ello se pierden dialectos que se dejan de hablar “para no ser mal vistos”. Aseguró que no se necesitan grandes inversiones para recuperarlos, sino modificar actitudes y cultura, a fin de rescatarlos, conservarlos y preservarlos.
La sociedad tiene que participar para recuperar y preservar lo que queda, sin limitarnos a la cultura, porque hay bosques con un valor espiritual que requieren reconocimiento, conservación, fomento y divulgación. Resaltó la importancia de trabajar, vinculados, los poderes Legislativo y Ejecutivo con los pueblos indígenas.
Sergio Estrada Rojas, director de Derecho Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sostuvo que se deben revisar las obligaciones internacionales que tiene México en materia de derecho cultural, que se vinculan a normas penales, aduaneras y derechos humanos, para observarse de forma integral.
Refirió que se tienen un marco jurídico internacional amplio y sólido en materia cultural, y México es parte de los seis tratados principales, que complementan la prevención de delito vinculado a tráfico ilícito de bienes culturales. Sin embargo, muchas de esas obligaciones suscritas no se articulan en la preservación de las creaciones artísticas tangibles e intangibles.
Por ello, dijo que se requieren coordinarse las políticas públicas, sobre todo, porque el tráfico ilícito de bienes culturales ha evolucionado a niveles que en 1972, fecha en que se publicó la ley, no se vislumbraron, sobre todo a través de la Internet ni de los conflictos armados que recientemente ha alentado ese delito.
Dolores Martínez Orralde, subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL, dijo que es imperiosa la necesidad de una profunda revisión y análisis del marco jurídico que rige el espacio público, la planeación urbana tradicional y la protección del patrimonio natural y edificado, con la participación de académicos, funcionarios y sociedad civil.
Debe asumirse el reto de una reflexión seria para revalorar y salvaguardar los sitios y monumentos arquitectónicos, en especial del pasado reciente, mediante una agenda incluyente y multidisciplinaria para reorientar la política urbana de planeación que proteja los bienes culturales.
Arqueólogos de diversas instituciones propusieron discutir y entender el contenido de la legislación, que data de los años 30 y 40 del siglo pasado, del INBAL e INAH. Consideraron que calificarlas de que “son leyes viejas y anacrónicas es muy atrevido”, ya que han tenido reformas, la más reciente a la Ley Federal sobre Monumentos, de 2016 y 2017.
Señalaron la necesidad de analizar el tema de orden constitucional que establece la competencia de entidades federativas para legislar en materia de patrimonio cultural.
Refirieron la existencia de más de 500 instrumentos legales, entre leyes y decretos relativos a la cultura y el patrimonio, y más de 100 declaratorias de patrimonio cultural intangible o inmaterial a nivel nacional
Los especialistas en patrimonio cultural entregarán a la Comisión de Cultura y Cinematografía, en la próxima reunión, sus propuestas de reforma a la Constitución y leyes afines al bagaje material e inmaterial, a fin legislar y se emitan políticas públicas que lo rijan.
Pidieron revisar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para armonizarla con los acuerdos internacionales firmados por México y marcos jurídicos estatales.
Asimismo, recuperar el sentido del patrimonio cultural, ciudadano y patriótico que se tenía hace 40 años, a través de la protección legal, conservación, divulgación y educación.
Destacaron la necesidad de reconocer los derechos culturales de los 68 pueblos indígenas que plasman su diversidad en sus creaciones artísticas.
