El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se quejó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la decisión del INE respecto a la reducción de casillas que serán instaladas para la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. A través de un recurso de queja, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) incumplió un mandato del máximo tribunal del país, pues “de manera discrecional e injustificada”, redujo el número de casillas, violando la Constitución.
“Si bien el ministro instructor modificó la suspensión para que el proceso de revocación de mandato se ejecutara de una manera más eficiente por parte del INE, con el presupuesto ya programado, ello no puede verse traducido en la disminución del número de casillas, ya que implicaría la afectación al derecho a la participación política de los ciudadanos”, argumentó la Presidencia. En respuesta, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio un plazo de 15 días al INE para informar a la SCJN u ofrecer pruebas sobre la forma en que se ha organizado el ejercicio de revocación de mandato. “Precisando los actos que ha llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar decretada apercibido que, de no hacerlo, se presumirán ciertos los hechos que se le atribuyen y se le impondrá una multa de 10 a 180 días de salario”, determinó González Alcántara Carrancá.
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